El PAN Guanajuato tomó protesta a nueve “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad”. Cuatro diputados locales y dos alcaldes forman parte del grupo, que realizará trabajo territorial mientras la dirigencia aún no ha presentado un mecanismo específico para prevenir el uso de recursos públicos con fines partidistas.
El PAN de Guanajuato ya puso en marcha su estructura territorial rumbo a 2027. El detalle es que seis de los nueve perfiles elegidos son funcionarios públicos y, hasta ahora, la dirigencia estatal no ha explicado qué controles aplicará para separar las tareas del partido de las responsabilidades de gobierno.
Los nuevos “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad” tendrán la encomienda de promover las causas de Acción Nacional, mantener contacto con la ciudadanía y fortalecer la organización en sus municipios.
Entre ellos hay cuatro diputados locales: Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Manuel Zanella Huerta, Jorge Espadas Galván y José Erandi Bermúdez Méndez. También fueron designados los alcaldes de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruiz, y de Silao, Melanie Murillo Chávez.
Los otros tres perfiles son Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato a la Alcaldía de Salamanca; Antonio de Jesús Navarro Padilla, exfuncionario estatal y secretario general del PAN en San Francisco del Rincón, y Joanna Romina Hernández Rangel, por San Miguel de Allende.
La dirigencia estatal, encabezada por Juana de la Cruz Martínez, anunció que durante octubre comenzará la elaboración de agendas territoriales; en noviembre se desarrollarán las actividades y en diciembre se evaluarán los avances.
El calendario ya está definido. Los controles sobre el ejercicio de estas funciones, en cambio, todavía no se han detallado públicamente.
La frontera entre partido y gobierno
La participación de funcionarios en actividades partidistas no implica, por sí misma, una irregularidad. El problema aparece cuando se utilizan recursos, personal, instalaciones o programas públicos para favorecer a un partido o afectar la equidad de la competencia política.
El artículo 134 de la Constitución federal establece obligaciones de imparcialidad en el uso de recursos públicos. Por eso, la pregunta para el PAN no es únicamente qué harán sus defensores, sino cómo evitarán que sus nuevas tareas se mezclen con las atribuciones de sus cargos.
El diputado Jorge Espadas Galván, designado para León, aseguró que la ley no lo obliga a separarse de sus funciones legislativas, aunque dijo estar dispuesto a solicitar licencia si el partido se lo pide.
Juan Carlos Romero Hicks, representante de Guanajuato capital, señaló que todavía analiza esa posibilidad.
Las posturas muestran que, al menos entre estos dos legisladores, no existe una decisión uniforme sobre separarse temporalmente de sus responsabilidades públicas. La dirigencia tampoco ha anunciado, de acuerdo con la información disponible, una regla general que obligue a los nueve perfiles a hacerlo.
El desafío interno también es electoral
Los nombramientos llegan en medio de diferencias dentro del propio PAN por la selección de sus representantes territoriales y las aspiraciones para las elecciones de 2027.
En León, Espadas reconoció que una de sus primeras tareas será reconstruir la unidad interna, después de imponerse en el proceso a otros perfiles, entre ellos el exalcalde Luis Ernesto Ayala Torres y el diputado federal Alan Márquez Becerra.
En Guanajuato capital, Romero Hicks mantiene diferencias públicas con el exalcalde Alejandro Navarro Saldaña sobre quién debería competir por la Presidencia Municipal. Navarro ha defendido su derecho a participar y ha cuestionado que Romero Hicks pueda anticipar quién será el candidato.
En Irapuato, la designación de Víctor Zanella también fue impugnada por la diputada Susana Bermúdez Cano y el exdirigente estatal Eduardo López Mares. Según la información publicada por AM, al 7 de octubre la dirigencia seguía sin recibir una notificación sobre la resolución de esas impugnaciones.
La dirigencia ha sostenido que ser defensor no garantiza una candidatura para 2027. Sin embargo, las funciones asignadas —trabajo territorial, promoción de causas y contacto ciudadano— coinciden con actividades que pueden fortalecer el posicionamiento político de quienes aspiran a competir.
Lo que falta por aclarar
El PAN presenta a sus defensores como una estructura para escuchar a la ciudadanía y fortalecer la organización. Pero, con seis funcionarios dentro del grupo, la transparencia no debería depender solamente de declaraciones de buena voluntad.
Falta conocer si habrá reglas sobre horarios, uso de vehículos oficiales, personal, instalaciones, comunicación institucional y recursos presupuestales; quién supervisará su cumplimiento y cómo se atenderán posibles denuncias.
No hay elementos en la información disponible para afirmar que los seis funcionarios hayan utilizado recursos públicos de manera indebida. Sí existe una pregunta legítima que la dirigencia debe responder antes de que las actividades territoriales avancen: ¿qué garantías ofrecerá para que la estructura partidista opere sin aprovechar las ventajas de los cargos públicos?
Rumbo a 2027, el reto del PAN no será únicamente organizar a sus nueve defensores. También será demostrar que puede hacer trabajo político sin desdibujar la frontera entre partido y gobierno.
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