El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta una severa controversia política y jurídica tras la emisión de un acuerdo por parte de su Consejo Técnico que acota la Modalidad 40 (régimen de continuación voluntaria). La medida ha desatado duras críticas por parte de abogados laboralistas, académicos y dirigentes sindicales, quienes advierten una inminente ola de amparos indirectos en todo el país.
Especialistas coinciden en que la decisión administrativa vulnera los derechos adquiridos de miles de trabajadores formales que han cotizado durante décadas o que invirtieron sus propios ahorros para aspirar a una pensión digna.
Inconstitucionalidad y violación a la progresividad
El abogado laboral y especialista en pensiones, Carlos Mendoza, enfatizó que un acuerdo administrativo no puede estar por encima de la Ley del Seguro Social. Rechazó categóricamente que la Modalidad 40 represente un esquema fraudulento, ya que es una figura legalmente establecida.
“No puede ser un fraude un esquema diseñado en la ley. Lo que está buscando el IMSS y el gobierno es castigar las pensiones de los trabajadores porque es evidente que se le están agotando los recursos”, afirmó Mendoza, estimando que entre el 60% y el 70% de los trabajadores aspiraban a este esquema.
En el mismo sentido, el Mtro. Jorge Antonio Loyo Pérez, catedrático de la Universidad Iberoamericana, calificó la medida como anticonstitucional y regresiva, pues contraviene el principio constitucional de progresividad en los derechos humanos y laborales. Loyo cuestionó los señalamientos del Ejecutivo federal sobre presuntas sangrías financieras y consideró injusto que se limite la oportunidad de mejorar el retiro a quienes han cotizado 30 años o más.
Llamado a la acción sindical y crisis de pensiones
Por su parte, Gerardo Ríos, dirigente del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad, denunció que la medida deja “en el aire” el patrimonio de trabajadores que incluso vendieron bienes para inscribirse en este régimen. Ante el escenario actual, hizo un llamado urgente a las organizaciones sindicales no alineadas a conformar un frente nacional para defender las jubilaciones.
Finalmente, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral y académico de la UNAM, señaló que el trasfondo del problema radica en que al sistema de pensiones de la administración federal “ya no le dan los números”. Bouzas lamentó el aletargamiento de gran parte del liderazgo sindical en el país y advirtió que la vulnerabilidad financiera del sistema formal castiga a la clase trabajadora frente al retiro.
Se anticipa que en los próximos días diversos despachos laborales y agrupaciones de trabajadores inicien formalmente los recursos de amparo para frenar los efectos de este acuerdo.
Puntos clave de la controversia
Vía de combate: Especialistas vaticinan una oleada masiva de amparos indirectos.
Impacto directo: Afectación a trabajadores inscritos o por inscribirse en la Modalidad 40 bajo la Ley del 73/97.
Argumento legal: Violación al principio de progresividad y a los derechos adquiridos consagrados en la Constitución.
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