Más de 550 mil personas salieron a protestar en Francia, según autoridades, por el costo de vida, las condiciones educativas y los recortes presupuestales. La jornada terminó con saqueos, incendios y más de 1,800 detenidos, mientras el gobierno endurece su discurso y la oposición busca capitalizar la crisis.
Francia no está viviendo solamente una jornada de disturbios. Está atravesando una nueva prueba de resistencia social.
Las protestas que comenzaron alrededor de reclamos por el aumento del costo de vida, las condiciones en las escuelas, la migración y los recortes presupuestales terminaron convertidas en una crisis de seguridad y en un nuevo campo de batalla político para el gobierno de Emmanuel Macron.
Más de 1,800 personas fueron detenidas en todo el país, mientras cientos de comercios fueron saqueados, edificios públicos resultaron dañados y se registraron incendios en distintas ciudades.
El presidente francés respondió con un mensaje particularmente duro.
“Quienes saquearon tendrán que pagar por los daños”, afirmó Macron, quien también advirtió que quienes buscaron “derribar a la República” tendrán que rendir cuentas.
La frase revela hasta dónde escaló el conflicto.
Ya no se trata únicamente de una discusión sobre precios, servicios públicos o presupuesto. El gobierno está planteando el episodio como una disputa entre el derecho legítimo a protestar y la violencia que, según las autoridades, busca desestabilizar al Estado.
Una protesta masiva que terminó desbordada
Las cifras muestran la dimensión de la movilización.
Las autoridades calcularon alrededor de 550 mil participantes en las protestas realizadas en distintas partes de Francia. Los organizadores elevaron la cifra hasta unas 800 mil personas.
Entre los participantes estuvieron sindicatos, organizaciones estudiantiles y activistas que buscan recuperar el espíritu de los llamados “chalecos amarillos”, el movimiento que sacudió a Francia desde 2018 con protestas inicialmente vinculadas al precio de los combustibles y posteriormente convertidas en una expresión mucho más amplia de malestar social.
El problema para los organizadores es que la violencia terminó ocupando buena parte de la conversación.
En París, Marsella, Lyon y Burdeos se reportaron saqueos y daños a establecimientos. También fueron atacados edificios públicos.
En Limoges, un incendio provocó el derrumbe del techo de un ayuntamiento del siglo XIX y estuvo cerca de destruir por completo el inmueble.
La protesta, que comenzó como una expresión de descontento social, terminó dejando imágenes de escaparates rotos, automóviles incendiados, calles dañadas y una presencia policial reforzada.
Macron endurece el discurso
El presidente francés convocó a una reunión de emergencia con funcionarios de alto nivel después de los disturbios.
Macron ordenó a los prefectos trabajar con los alcaldes para proteger edificios públicos y negocios durante las próximas semanas e incluso contempló la posibilidad de prohibir determinadas protestas cuando las autoridades consideren que existe un riesgo de violencia.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, insistió en esa separación.
“El derecho a protestar es un derecho fundamental”, escribió en X. Pero añadió que provocar deliberadamente desorden mediante la violencia no lo es.
Es una distinción fundamental para el gobierno francés: la movilización social puede ser legítima; el saqueo y la destrucción, no.
Pero la magnitud de la respuesta policial también abre otra discusión.
En las últimas manifestaciones, las fuerzas de seguridad francesas han sido objeto de cuestionamientos por el uso de granadas y otras armas utilizadas para controlar disturbios.
Y esta vez hubo consecuencias graves.
Una joven de 17 años perdió un ojo durante las protestas y un joven perdió una mano en Saint-Étienne. Ambos casos quedaron bajo investigación.
La fiscalía de París también investiga la muerte de una persona que sufrió un ataque cardíaco durante los disturbios.
París muestra las heridas de la protesta
El domingo, los alrededores de la Place de la République mostraban las consecuencias de la jornada anterior.
Adoquines arrancados, cristales rotos, escaparates destruidos y restos de incendios permanecían en las calles.
La policía de París informó que 855 personas fueron detenidas en la región de la capital, de las cuales 557 quedaron bajo custodia policial.
Mientras las autoridades hablaban de violencia y saqueos, algunos manifestantes intentaban marcar una diferencia.
Marie Peyreigne, empleada gubernamental de 57 años, expresó su sorpresa ante el nivel de destrucción.
Otros ciudadanos señalaron que respaldaban las demandas de la movilización, pero rechazaban los disturbios.
Esa división podría ser uno de los efectos políticos más importantes de la crisis.
Porque una protesta puede perder fuerza cuando su mensaje termina eclipsado por aquello que ocurre en sus márgenes.
La política ya está aprovechando el caos
La crisis también llegó rápidamente a la arena electoral.
Las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera convierten los disturbios en un asunto todavía más sensible.
La líder de ultraderecha Marine Le Pen aprovechó la situación para acusar al gobierno de Macron de estar “agotado” y ser incapaz de responder a la crisis.
Desde la izquierda, Jean-Luc Mélenchon también arremetió contra el gobierno, aunque desde una posición completamente distinta.
Mélenchon defendió las reivindicaciones de los manifestantes y acusó al primer ministro Sébastien Lecornu de “jugar con fuego”. Al mismo tiempo, rechazó que quienes participan en su movimiento tengan relación con los saqueos y la destrucción.
La escena política francesa vuelve así a dividirse en dos discursos.
La derecha utiliza el caos para reclamar mayor control.
La izquierda insiste en que la violencia no puede utilizarse para borrar las causas originales de la protesta.
Y el gobierno intenta ocupar el centro con una fórmula conocida: defender el derecho a manifestarse mientras endurece la respuesta contra quienes cruzan la línea de la violencia.
El problema de fondo sigue ahí
El mayor riesgo para Macron sería reducir todo el episodio a un problema de seguridad.
Porque detrás de los incendios y los saqueos existe una protesta que reunió a cientos de miles de personas.
El costo de vida, el deterioro de servicios públicos, las condiciones de las escuelas y los recortes presupuestales son demandas que no desaparecen porque algunos grupos hayan convertido las calles en escenarios de violencia.
Pero tampoco puede ignorarse el daño provocado.
Cientos de negocios fueron afectados y edificios públicos fueron atacados. En París, Marsella y Lyon, los propios alcaldes pidieron reunirse con el primer ministro ante la magnitud de las pérdidas.
Francia queda así atrapada entre dos realidades que pueden coexistir: una sociedad con motivos reales para protestar y una violencia que puede terminar destruyendo la legitimidad de esa misma protesta.
Ese es el verdadero desafío para Macron.
No basta con castigar a quienes saquearon ni con condenar los incendios. Tampoco bastará con señalar las causas sociales del descontento.
El gobierno tendrá que responder a ambas preguntas al mismo tiempo:
¿Por qué cientos de miles de personas sienten que necesitan salir a las calles? Y cómo se evita que esa frustración termine convirtiéndose en violencia?
Porque Francia ya ha demostrado que puede soportar protestas masivas.
Lo que está por verse es cuánto puede tensarse una sociedad antes de que el conflicto deje de ser una protesta contra el gobierno y empiece a convertirse en una crisis contra el propio sistema.
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