La caída de la natalidad en México podría reducir en las próximas décadas el número de personas que se incorporan a la fuerza laboral. En una economía con alta informalidad, eso complica el financiamiento de las pensiones.
De acuerdo con el INEGI, la tasa global de fecundidad cayó a 1.2 hijos por mujer en 2024, frente a 1.9 en 2019. El nivel necesario para mantener estable la población, sin contar la migración, es de alrededor de 2.1. La Ciudad de México tuvo la tasa más baja (0.8) y Chiapas la más alta (1.8), según Expansión con datos de la Encuesta Intercensal 2025.
La población no se reduce de inmediato, pero envejece. La edad mediana subió de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, y el crecimiento anual bajó a 0.7%. Entre las personas de 12 años o más que no forman parte de la fuerza laboral, la proporción de jubiladas o pensionadas pasó de 8.2% a 10.9%.
El segundo factor es la informalidad. La Jornada señala que alrededor de 52% de la población ocupada, cerca de 33 millones de personas, trabaja en la informalidad. Con menos trabajadores cotizando, habría menos personas contribuyendo para sostener a una población en retiro que crece.
Los números del gasto muestran la presión. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) proyecta un gasto en pensiones de unos 2.5 billones de pesos en 2027, equivalente a 6.3% del PIB. De ese total, 74.2% corresponde a pensiones contributivas y 25.8% a pensiones no contributivas o del Bienestar. El gasto en pensiones se triplicó en la última década, según el mismo análisis.
Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones de Franklin Templeton Investments México, plantea que la discusión central es fiscal y no solo demográfica: cómo financiar pensiones de forma sostenible con menos trabajadores y mayor esperanza de vida.
En Guanajuato y el Bajío
La informalidad también es un factor relevante en la región. En Guanajuato, el INEGI reportó una tasa de informalidad laboral de 54.8% en el primer trimestre de 2026, con 2.8 millones de personas ocupadas. Es decir, más de la mitad de los trabajadores del estado no cotiza en los términos del sistema formal.
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