Las nuevas reglas entran en vigor este 3 de noviembre y contemplan restricciones durante toda la jornada en educación básica, acuerdos específicos para bachilleratos y un enfoque de uso responsable en universidades. La SEP también señala que las plataformas digitales deben asumir parte de la responsabilidad.
El celular ya no tendrá el mismo lugar en las escuelas de México. A partir de este martes 3 de noviembre, entran en vigor nuevas disposiciones para regular el uso de dispositivos móviles en planteles públicos y privados, con reglas distintas según el nivel educativo.
La medida alcanza a un sistema de aproximadamente 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263 mil 600 escuelas. Su objetivo, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), es favorecer el aprendizaje, mejorar la convivencia y reducir los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas.
Pero detrás de la regulación hay una discusión más amplia: ¿hasta dónde puede una restricción recuperar la atención de los estudiantes y qué hace falta para que la tecnología deje de ser una distracción y se convierta en una herramienta educativa?
¿Qué cambia con las nuevas reglas?
Las disposiciones no establecen una prohibición idéntica para todos los estudiantes. El alcance dependerá del nivel educativo y, en determinados casos, de los acuerdos que adopte cada comunidad escolar.
En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción abarca toda la jornada escolar. Esto significa que el uso de los dispositivos quedará limitado durante las actividades escolares, con excepciones previstas para situaciones específicas.
Los celulares podrán utilizarse cuando formen parte de actividades educativas previamente programadas y dirigidas por docentes. También se contemplan situaciones de emergencia y necesidades relacionadas con la salud, la discapacidad, la accesibilidad y la inclusión.
En bachillerato, cada plantel deberá establecer medidas junto con su comunidad educativa, incluidas las familias y el personal docente. El propósito será limitar el uso de dispositivos cuando no tenga una finalidad pedagógica, considerando las circunstancias de cada institución.
Para las universidades, el enfoque será distinto: se promoverá el uso responsable de la tecnología, la autonomía institucional y la formación de una ciudadanía digital crítica, con conocimientos sobre algoritmos e inteligencia artificial.
En otras palabras, la regla no consiste simplemente en sacar todos los celulares de todos los espacios educativos. Busca establecer límites según la edad, las necesidades de aprendizaje y la autonomía de cada nivel.
La atención en el aula, en el centro del debate
La SEP sostiene que la regulación responde a dificultades que los docentes han identificado en el entorno escolar.
De acuerdo con una consulta nacional citada por la dependencia, el 80% de los profesores señaló dificultades de sus estudiantes para mantener la atención; el 79% mencionó problemas para recordar información y el 73% identificó dificultades para regular emociones o enfrentar la frustración.
Además, el 81% consideró necesario adoptar medidas.
Las cifras reflejan preocupaciones reportadas por el personal docente, pero no demuestran por sí solas que los teléfonos sean la causa única de esos problemas. La atención, la memoria y la regulación emocional también están relacionadas con otros factores, por lo que evaluar los resultados de la medida será fundamental.
El reto no termina cuando un estudiante guarda el celular. También implica fortalecer las estrategias de enseñanza, desarrollar hábitos de estudio y construir ambientes donde aprender resulte más atractivo que revisar una pantalla.
La restricción puede reducir determinadas distracciones, pero su impacto real dependerá de cómo se aplique y de lo que ocurra dentro del aula una vez que el dispositivo deje de ocupar el centro de la atención.
Las plataformas digitales también están bajo la lupa
La SEP ha señalado que la protección de niñas, niños y adolescentes en internet no puede recaer exclusivamente en las familias, los docentes y las autoridades educativas.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtió sobre los riesgos vinculados con el uso excesivo de pantallas, la posible dependencia de plataformas digitales y la exposición a violencia, contenidos sexuales, mensajes de odio y ciberacoso.
Su planteamiento abre otro frente: las responsabilidades de las empresas que desarrollan y operan los servicios digitales utilizados diariamente por millones de menores.
Las escuelas pueden establecer reglas sobre el uso de dispositivos durante las clases. Las familias pueden acompañar los hábitos digitales de sus hijos. Sin embargo, la discusión también alcanza el diseño de las plataformas, los mecanismos de protección para menores y la manera en que se administran los contenidos que consumen.
Por eso, limitar el celular dentro del plantel es apenas una parte de un problema que también existe fuera de los horarios escolares y de los espacios educativos.
Una regla nacional con margen de adaptación
El acuerdo fue publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y estableció el 3 de noviembre como fecha de entrada en vigor.
A partir de ese día, las autoridades estatales tendrán 180 días naturales para emitir o adecuar sus disposiciones. El documento también reconoce que 19 entidades ya contaban con reglas relacionadas con el uso de dispositivos móviles en centros educativos.
Esto significa que la implementación requerirá coordinación entre autoridades federales, gobiernos estatales y escuelas, además de claridad sobre las excepciones y los procedimientos que deberán seguirse en cada plantel.
Mario Delgado invitó a los estudiantes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”, en una apuesta por recuperar espacios para actividades que requieren concentración sostenida.
La pregunta es cómo se medirá el resultado. Si las restricciones consiguen reducir interrupciones, mejorar la convivencia y favorecer el aprendizaje, su efecto deberá reflejarse en la experiencia cotidiana de estudiantes y docentes, no solamente en el cumplimiento de una regla.
El desafío va más allá de guardar el teléfono
México comienza a establecer límites al uso de celulares en las escuelas, pero la discusión educativa no se resuelve con una sola medida.
La tecnología puede distraer, facilitar el acoso y exponer a menores a contenidos dañinos. También puede servir para investigar, aprender, comunicarse y desarrollar habilidades necesarias en una sociedad atravesada por herramientas digitales e inteligencia artificial.
El desafío está en distinguir cuándo el dispositivo obstaculiza el aprendizaje y cuándo puede contribuir a él, sin ignorar las necesidades particulares de cada estudiante.
Las nuevas reglas buscan recuperar la atención dentro de las aulas. Su éxito dependerá de que las restricciones tengan una aplicación clara, de que existan alternativas pedagógicas y de que las empresas digitales también asuman responsabilidades.
Porque guardar el celular durante las clases puede ser el primer paso. Aprender a utilizar la tecnología con criterio, dentro y fuera de la escuela, es el reto que permanece.
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