Las protestas de trabajadores activos, jubilados y pensionados reclaman un incremento mayor al acordado, pero también más personal, medicamentos e insumos. Especialistas advierten que detrás del conflicto existe una presión presupuestaria que puede terminar afectando directamente a los pacientes.
El conflicto en el IMSS empezó con el salario, pero rápidamente dejó claro que el problema es mucho más grande.
Trabajadores activos, jubilados y pensionados se han manifestado en distintas entidades del país para exigir mejores remuneraciones, más personal, medicamentos e insumos suficientes y mejores condiciones laborales.
También cuestionan a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández, y reclaman una mayor participación de la base sindical en las decisiones que afectan sus condiciones de trabajo.
El detonante fue el acuerdo salarial aprobado por el Congreso Nacional del sindicato: 6.8% de incremento total, pero solamente 2.9% llegaría directamente al salario tabular, mientras que el 3.9% restante se reflejaría en prestaciones.
Para los trabajadores inconformes, el aumento directo no es suficiente. Por eso han planteado un incremento salarial de 10%.
Pero el dinero no es la única preocupación.
Cuando faltan manos y también materiales
Personal de enfermería ha denunciado que la falta de trabajadores incrementa las cargas laborales y dificulta la atención de los pacientes.
En una protesta realizada el 9 de octubre en San Luis Potosí, trabajadores señalaron incluso que en ocasiones deben adquirir materiales con recursos propios para poder realizar sus funciones.
A esto se suma el reclamo por medicamentos e insumos.
Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico, advierte que el problema no puede reducirse a la voluntad de médicos y enfermeras. Sin medicamentos, tecnología, espacios, materiales y personal suficiente, incluso un trabajador comprometido tiene límites para atender correctamente.
El especialista identifica además problemas en la distribución de medicamentos y señala que el modelo logístico en el que participa Birmex todavía enfrenta dificultades para garantizar entregas oportunas.
El resultado termina llegando al mismo lugar: el paciente.
El dinero es parte del problema
Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que México mantiene una brecha importante en el financiamiento de la salud.
Para 2027, explica, se proyecta destinar alrededor de 2.9% del PIB a salud, mientras que el mínimo sugerido internacionalmente es de 6%.
Hay un matiz importante: el incremento presupuestario previsto para el próximo año provendría principalmente de las cuotas patronales, no de una mayor aportación gubernamental, de acuerdo con la especialista.
Eso coloca al IMSS frente a una ecuación complicada: debe mejorar salarios y condiciones laborales, contratar personal, mantener infraestructura, garantizar medicamentos y atender sus obligaciones financieras.
Y hay un gasto particularmente pesado: las pensiones.
El propio IMSS ha señalado que las exigencias relacionadas con el antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores requieren modificaciones legales. Martínez Moreno advierte que las pensiones representan una presión creciente sobre los recursos del instituto.
El punto
La discusión, entonces, no es simplemente “¿cuánto deben ganar los trabajadores del IMSS?”
La pregunta más difícil es otra:
¿Cuánto dinero necesita el sistema para que sus trabajadores puedan hacer su trabajo y los pacientes reciban atención suficiente?
La dimensión del problema se refleja en un dato citado por el CIEP: con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, una investigación de Senyacen encontró que solo 45.9% de las personas afiliadas al IMSS que necesitaron atención médica acudieron al propio instituto.
La cifra no significa por sí sola que todos los demás hayan abandonado el IMSS por falta de capacidad, pero sí plantea una pregunta incómoda sobre la confianza y utilización efectiva de los servicios públicos de salud.
Y el contexto puede complicarse.
El próximo 1 de enero de 2027 está prevista la primera etapa del Servicio Universal de Salud, que contempla ampliar el intercambio de servicios entre instituciones públicas como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
Pretender ampliar la cobertura mientras persisten problemas de personal, abastecimiento y saturación pondrá todavía más presión sobre el sistema.
La protesta puede terminar siendo el síntoma, no el problema
El IMSS informó que sus unidades médicas continúan operando y que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo con trabajadores y representantes sindicales.
Además, el 14 de octubre está prevista una consulta para que el personal decida sobre el incremento salarial.
Pero incluso si el acuerdo salarial se modifica, quedará pendiente la discusión de fondo.
Un aumento puede resolver una parte del conflicto laboral. No puede, por sí solo, contratar médicos y enfermeras, llenar almacenes, modernizar hospitales ni resolver las presiones financieras del instituto.
Y cuando esos problemas no se resuelven, la factura termina llegando al lugar más sensible del sistema: la persona que necesita atención médica y no puede esperar.
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