Investigaciones y reportes recientes documentan redes de compra y reventa, mientras EU reconoce el problema en su estrategia antidrogas.

De las armas rastreadas en México durante 2025, 22 mil 817, es decir 71%, fueron clasificadas como de origen estadounidense: fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país antes de aparecer en territorio mexicano, de acuerdo con cifras de autoridades de ese país.
Redes en Estados Unidos. Una investigación periodística reveló que adolescentes de Phoenix, Arizona, que estudian o recién terminaron la secundaria, participan en redes que consiguen y revenden armas destinadas a operadores de cárteles mexicanos. En agosto, el Departamento de Justicia informó que 28 personas fueron acusadas tras una investigación sobre compras ilegales y tráfico de armas en esa ciudad. Reportes señalan además que investigaciones del Departamento de Justicia muestran conversaciones entre colaboradores y miembros del narco sobre precios, disponibilidad y fechas de entrega de armamento. La DEA ve ligas entre un detenido y integrantes de alto rango de la organización Valenzuela, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Lo que reconoce EU. La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 admite que el flujo de armas hacia México es un factor clave en la violencia de los cárteles. El plan propone operativos de los Homeland Security Task Forces y la participación de la ATF para desmantelar redes de tráfico.
Más datos. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia indica que entre 2020 y 2024 México generó 127 mil 518 solicitudes de rastreo de armas. La Secretaría de la Defensa Nacional estimó que en 2024 los cárteles adquirieron alrededor de 135 mil armas en armerías estadounidenses, principalmente en estados fronterizos. Las cifras varían según el periodo y la metodología: informes previos ubicaron la proporción entre 70% y 74%.
Debilidades señaladas. El 7 de abril de 2025, el Departamento de Justicia y la ATF derogaron la política de Zero Tolerance, que endurecía las sanciones a vendedores con licencia federal. Críticos sostienen que esto reduce la capacidad de frenar el tráfico. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, reconoció que su estado enfrenta un enorme problema de tráfico de armas hacia México.


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