El INE aprobó 20 procedimientos contra el partido y determinó sanciones por 39.9 millones de pesos. Morena rechaza que los casos permitan hablar de un patrón generalizado.
Hay algo particularmente delicado en aparecer afiliado a un partido político sin haberlo autorizado: alguien decidió ejercer un derecho político en tu nombre.
Eso es lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó en una nueva serie de procedimientos contra Morena, por los que el partido deberá pagar casi 40 millones de pesos en multas.
Durante su sesión del 15 de octubre, el Consejo General aprobó 20 procedimientos relacionados con afiliaciones indebidas de ciudadanos que denunciaron haber sido incorporados al padrón morenista sin su consentimiento.
Las sanciones suman 39 millones 924 mil pesos.
Y no es la primera vez.
Desde octubre de 2025, las multas impuestas a Morena por esta conducta superan los 70 millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas durante la sesión.
Las denuncias provienen de ciudadanos de entidades como Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco.
En uno de los expedientes, un ciudadano de Coahuila descubrió que aparecía como militante de Morena desde el 22 de mayo de 2025. El partido no presentó elementos suficientes para acreditar que la afiliación había sido realizada con su consentimiento, por lo que el INE impuso una multa de 145 mil 271 pesos.
En otros casos, Morena presentó firmas digitalizadas e impresiones a color de credenciales para votar. Sin embargo, esas pruebas tampoco fueron consideradas suficientes para acreditar la autenticidad de los registros cuestionados.
Morena rechaza que exista un patrón
El partido no aceptó que los procedimientos permitan hablar de un “modus operandi”.
Guillermo Santiago, representante de Morena ante el INE, argumentó que se trata de una organización con una militancia numerosa y que algunos ciudadanos pueden posteriormente decidir desafiliarse.
La postura busca separar los casos individuales de una conclusión general sobre el partido.
Pero el volumen de sanciones mantiene abierta la discusión.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo una precisión importante: las afiliaciones indebidas no son un problema exclusivo de Morena. Se han registrado casos relacionados con diferentes partidos.
Eso no reduce la gravedad del asunto.
Una afiliación política no es un dato administrativo cualquiera. Puede utilizarse para acreditar militancia, participar en procesos internos y cumplir requisitos partidistas. Por eso, registrar a una persona sin su autorización afecta directamente su derecho a decidir cómo participa —o no participa— en la vida política.
El problema va más allá de una multa
Las sanciones tienen un efecto económico, pero el verdadero costo está en la confianza.
Si una persona descubre que pertenece a un partido sin haberlo solicitado, la pregunta inmediata no es cuánto tendrá que pagar Morena, sino cómo terminó su nombre en ese padrón.
Y ahí queda una tarea que va más allá de la multa: garantizar que los mecanismos de afiliación sean verificables, que las pruebas de consentimiento sean sólidas y que los ciudadanos puedan detectar y corregir rápidamente cualquier registro que no hayan autorizado.
Morena puede rechazar que exista un patrón.
El INE también deja claro que el fenómeno no pertenece a un solo partido.
Pero mientras sigan apareciendo ciudadanos que aseguran no haber dado su consentimiento, el problema no desaparece con una explicación política. Necesita controles que funcionen.
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