La Secretaría de Seguridad estatal identificó a los agentes tras revisar más de 200 videos de la protesta del 11 de octubre. Las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo.
La protesta por la calidad del agua en Guadalajara terminó abriendo otro frente para el Gobierno de Jalisco: la actuación de su propia policía.
La Secretaría de Seguridad del Estado informó que 17 agentes fueron identificados y citados a declarar ante Asuntos Internos por presuntamente actuar fuera de los protocolos y utilizar la fuerza de manera desproporcionada durante la manifestación del pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco. infobae
El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, explicó que la investigación incluyó la revisión de más de 200 videos captados desde distintos ángulos, además de las comparecencias de los policías involucrados. infobae
La propia dependencia reconoce ahora que algunos elementos actuaron de manera irresponsable y que hubo posibles incumplimientos de los protocolos.
Eso importa porque la discusión ya no se limita a qué ocurrió durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías. También alcanza a cómo respondió el Estado frente a ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse.
El punto
Los expedientes todavía están en investigación. Por eso, los 17 agentes no pueden ser considerados responsables de una falta hasta que se determine individualmente su actuación.
Pero la dimensión del caso ya está clara: la autoridad pasó de investigar los hechos de la protesta a revisar la conducta de quienes tenían la responsabilidad de contenerla.
Las sanciones, de acreditarse responsabilidades, podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo del grado de participación de cada elemento. infobae
Además, el Gobierno estatal ha planteado revisar los protocolos de uso de la fuerza. El secretario reconoció que durante la movilización se produjeron errores y que algunas actuaciones terminaron afectando a personas cuya protección correspondía precisamente a la policía. López-Dóriga Digital
Hay otro elemento que no debería perderse de vista.
La marcha surgió por una demanda concreta: agua de mejor calidad y condiciones adecuadas de abastecimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los enfrentamientos terminaron desplazando esa exigencia del centro de la conversación pública.
Ahora el gobierno enfrenta dos preguntas distintas: qué hará para resolver el problema del agua y qué hará para determinar responsabilidades por la actuación policial.
Investigar a 17 agentes es un paso. La prueba real será si la investigación llega hasta las responsabilidades individuales, los mandos y las decisiones operativas que hicieron posible lo ocurrido.
Porque una protesta puede terminar. El problema de fondo —el agua y la confianza en las instituciones encargadas de proteger el derecho a manifestarse— permanece.
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