Mientras el discurso oficial presumía un supuesto “récord histórico en obra pública”, las finanzas de Romita, Guanajuato se desplomaban entre auditorías reprobadas, deudas
millonarias y proyectos inconclusos. La gestión de Oswaldo Ponce Granados (2018–2024) no solo dejó un rastro de inseguridad y violencia, sino también de anomalías financieras que contrastan directamente con el crecimiento acelerado de su patrimonio personal en el mismo periodo.
Documentos de auditorías federales y estatales revelan el patrón de irregularidades que caracterizó a su administración:
Facturación irregular: Compras a proveedores fantasma por más de 4 millones de pesos.
Conflicto de interés: Arrendamiento de vehículos municipales mediante contratos vinculados a presuntos intereses cercanos a la administración.
Desvío de fondos federales: El presunto desvío de 18 millones de pesos
pertenecientes al Ramo 33, recurso etiquetado primordialmente para el combate a la pobreza y la infraestructura básica.
Pasivo laboral: Una deuda acumulada por demandas laborales que supera los 55 millones de pesos.
Al término de su mandato en 2024, la realidad del municipio distaba del informe de gobierno: proveedores con pagos pendientes, obras abandonadas y una crisis de liquidez que comprometió la operatividad local.
El contraste patrimonial: de los 100 mil a los 10 millones
En paralelo al deterioro de la hacienda pública de Romita, la vertiente empresarial del exalcalde —médico de profesión— registraba una rápida expansión.
En 2022, a mitad de su gestión como alcalde, Oswaldo Ponce Granados constituyó junto a su esposa, Farah Sua López Vargas, la sociedad mercantil POLOZVAR, S.A. de C.V. La empresa
fue registrada con un capital inicial de apenas 100 mil pesos y un objeto social amplio: desde servicios médicos y hospitalarios, arrendamiento de consultorios, hasta participación en licitaciones públicas y alianzas estratégicas. Sin embargo, esta sociedad no fue incluida en la última Declaración Patrimonial de Ponce Granados ni de López Vargas, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia de su gestión.
Dos años después de la salida de Oswaldo Ponce Granados, la compañía dio un salto significativo. Hoy, la firma posee un inmueble próximo a inaugurarse en Avenida Aztecas No. 2, en Romita, valuado en alrededor de 10 millones de pesos y registrado a nombre de Farah
Sua López Vargas. El edificio está listo para operar como una clínica privada de primer nivel en el municipio. Incluso en los registros de la CFE del propio inmueble aparece el nombre de López Vargas, confirmando su titularidad. El crecimiento económico de la empresa familiar ocurrió de forma paralela al desmantelamiento financiero de Romita, alimentando los señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito y el uso del servicio público para beneficio personal.
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