El presidente paraguayo anunció su dimisión en medio de una crisis financiera que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros. La Cámara de Diputados aprobó someterlo a juicio político y el Senado retomó el proceso este viernes, mientras otros tres funcionarios de su Gobierno también dejaron sus cargos.
La crisis de un banco terminó por convertirse en una crisis presidencial en Paraguay. Santiago Peña anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre, luego de que la intervención de Ueno Bank desatara protestas, cuestionamientos por posibles conflictos de interés y una ofensiva política que alcanzó incluso a integrantes de su propio partido.
Pero su anuncio no cerró el episodio. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político en su contra y el procedimiento llegó al Senado, que este viernes retomó el proceso para determinar el futuro del mandatario.
La dimisión tampoco quedó resuelta de inmediato: el Congreso no pudo votarla por falta de quórum. Mientras tanto, tres integrantes de alto nivel del Gobierno presentaron su renuncia, entre ellos el ministro del Interior, Enrique Riera; el jefe de Gabinete, Javier Giménez, y el ministro asesor jurídico, Roberto Moreno.
Paraguay enfrenta así una crisis que ya no se limita a la estabilidad de una institución financiera. También pone bajo escrutinio la relación entre el poder político, los intereses empresariales y el manejo de recursos públicos.
Ueno Bank: el origen de la crisis
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital perteneciente al Grupo Vázquez, después de detectar problemas graves de solvencia.
La medida suspendió sus operaciones y dejó a cerca de tres millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas o realizar movimientos. En un país de aproximadamente 6.5 millones de habitantes, el impacto alcanzó a una parte considerable de la población.
Las investigaciones apuntan a posibles irregularidades financieras, entre ellas préstamos a empresas vinculadas con el mismo grupo económico y operaciones que habrían ocultado problemas patrimoniales. La Fiscalía abrió investigaciones y reportó la imputación de 27 personas relacionadas con la entidad y empresas del conglomerado.
El problema también alcanzó a instituciones públicas. De acuerdo con información recopilada por Deutsche Welle, Ueno Bank llegó a administrar entre 800 y 850 millones de dólares en depósitos de organismos estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social.
La dimensión del caso no está únicamente en el dinero comprometido, sino en las decisiones que permitieron concentrar recursos públicos en una entidad que terminó intervenida por problemas de solvencia.

Los vínculos empresariales que alcanzaron a Peña
La crisis adquirió una dimensión política por la relación empresarial que Santiago Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, Peña conservó vínculos empresariales con el conglomerado hasta marzo de 2025, cuando ya ocupaba la Presidencia de Paraguay. El mandatario negó haber tenido participación directa en el banco.
Otro punto bajo cuestionamiento fue el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023. Carvallo había dirigido anteriormente la financiera Ueno, circunstancia que abrió interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la independencia de la supervisión bancaria.
Tras la intervención de la entidad, Peña solicitó la renuncia de Carvallo.
Las autoridades investigan posibles irregularidades y responsabilidades, pero los señalamientos deben distinguirse de los hechos que todavía están sujetos a investigación. La relación empresarial previa del presidente con el grupo no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad penal.
Renuncia anunciada, juicio político en marcha
En un mensaje difundido en redes sociales, Peña comunicó que había decidido presentar su renuncia a la Presidencia. Argumentó que buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
Sin embargo, el movimiento no detuvo el proceso legislativo.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, mientras el Senado asumió la etapa correspondiente para analizar el caso. La sesión en la que debía resolverse la dimisión quedó suspendida por falta de quórum.
Este viernes, Peña fue convocado ante la Cámara Alta para presentar su defensa. Solicitó una prórroga de 72 horas para preparar sus argumentos y elegir a su equipo jurídico, pero los senadores rechazaron la petición.
El mandatario afirmó que expondría su versión ante la ciudadanía. Mientras tanto, el procedimiento político continúa y la decisión sobre su situación institucional permanece en manos del Congreso.
Si Peña deja definitivamente el cargo, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia para completar el mandato, que concluye en agosto de 2028.

Tres millones de ahorradores en medio de la incertidumbre
Detrás de la disputa política hay un problema inmediato para millones de paraguayos: recuperar su dinero.
La intervención de Ueno Bank paralizó el acceso a los depósitos y provocó manifestaciones en distintas ciudades, particularmente en Asunción. Los clientes afectados exigieron respuestas y garantías para recuperar sus ahorros.
El Gobierno y las autoridades financieras anunciaron mecanismos para devolver parte de los recursos, pero persiste la incertidumbre sobre los plazos y el destino de los depósitos que superan los límites de protección establecidos por la legislación.
La Fiscalía, por su parte, abrió investigaciones por presuntas irregularidades financieras y realizó allanamientos en oficinas vinculadas con el banco. Entre los delitos investigados se encuentran posibles casos de lesión de confianza, tentativa de estafa y otras conductas relacionadas con la administración de la entidad.
La crisis también plantea preguntas sobre la supervisión del sistema financiero: cómo se permitió que una institución alcanzara semejante dimensión, qué controles fallaron y por qué tantos recursos públicos terminaron expuestos.
Una crisis que rebasa a un presidente
La renuncia de Santiago Peña no resuelve automáticamente el problema de Ueno Bank ni garantiza la recuperación de los ahorros. Tampoco elimina las investigaciones sobre las operaciones financieras y los posibles conflictos de interés.
El caso exhibe la conexión entre tres asuntos que normalmente se analizan por separado: la regulación bancaria, la administración de recursos públicos y la responsabilidad de quienes ocupan el poder.
Paraguay tendrá que resolver primero la situación institucional de su presidente, pero la crisis de fondo seguirá abierta mientras millones de personas no sepan cuándo podrán disponer de su dinero y las autoridades no esclarezcan qué ocurrió con los recursos depositados en la entidad.
Un presidente puede anunciar su renuncia en cuestión de minutos. Recuperar la confianza de millones de ahorradores y esclarecer el destino de los recursos públicos es una tarea mucho más larga.


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